El lobby suele estar rodeado de críticas y desconfianza, pero en el fondo responde a una práctica tan antigua como la política misma: influir en las decisiones del poder desde el sector privado.

Las raíces del lobbyismo se remontan a la Antigua Grecia, donde los sofistas ofrecían su habilidad retórica al mejor postor, defendiendo causas sin importar su justicia. En Roma, esta lógica se institucionalizó a través del clientelismo: los patronos protegían a sus clientes a cambio de lealtad política y apoyo público. Durante la Edad Media, la Iglesia actuó como un contrapoder frente a los señores feudales; con el Renacimiento y el surgimiento de la burguesía, gremios comenzaron a negociar con la corona, sentando así las bases de lo que hoy conocemos como grupos de interés (Caldevilla & Xifra, 2013).

Hacia el año 1832, el término “lobbyista” fue adjudicado en la prensa estadounidense para referirse peyorativamente sobre aquellos cuya tarea era básicamente esperar a los legisladores en la antesala (lobby) del Congreso para peticionar en pro de intereses especiales y organizados (Ricciardi, s.f., p. 4).

Hoy en día, aunque el término se mantiene, las formas de influir han adquirido una complejidad notable; a nivel global, las corporaciones desarrollan técnicas sofisticadas para influir, tal como “giros mediáticos” cuyo objetivo es lograr desplazar el foco de atención hacia temas que les resultan favorables, tal como el crecimiento económico o la generación de empleo, mientras minimizan o invisibilizan aquellos que podrían resultarles perjudiciales. Otra técnica frecuente es la llamada “puerta giratoria”, a través de la cual actores del sector público transitan al sector privado y viceversa. Este fenómeno facilita el acceso privilegiado a información estratégica, genera redes de influencia y promueve decisiones favorables a intereses empresariales desde dentro del aparato gubernamental (The Guardian, 2014).

Uno de los aspectos más preocupantes del lobby contemporáneo es la profunda desigualdad entre los grupos de interés que participan en el proceso político. Mientras que en teoría cualquier colectivo puede organizarse y ejercer presión sobre los tomadores de decisiones, en la práctica solo aquellos con recursos económicos significativos logran incidir de manera efectiva.

Este escenario de desigualdad en la capacidad de influir se observa con claridad en Estados Unidos, donde algunos grupos cuentan con recursos abrumadores para moldear la agenda política. Un ejemplo es el caso de la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP) que, con más de 37 millones de afiliados y cuotas anuales, se ha consolidado como uno de los grupos con mayor capacidad de financiamiento. Junto con otros poderosos actores, como firmas legales, compañías de inversión, aseguradoras, bancos, petroleras y el sector inmobiliario, la AARP se ubicó entre los principales donantes al Congreso estadounidense en 2014 (Open Secrets, 2015). Estos grupos no solo contribuyen con campañas políticas, sino que también destinan sumas millonarias a actividades de cabildeo, asegurando así que sus intereses estén presentes en la formulación de políticas públicas.

En contraste, los grupos que representan a las clases trabajadoras o en situación de pobreza prácticamente no figuran en estos registros. Las razones son estructurales: la población pobre en Estados Unidos está fragmentada geográficamente, culturalmente y lingüísticamente, lo que dificulta su organización colectiva. Además, muchas veces carecen de acceso a internet o información clave, lo que limita su participación. Y, desde luego, su capacidad económica les impide pagar cuotas o hacer aportaciones significativas.

Los sindicatos, tradicionalmente aliados de la clase media, también han perdido fuerza y poder de negociación. Ya no pueden competir en el terreno del lobby frente a industrias que destinan millones a influir decisiones (Waterhouse, 2014).

Esta disparidad revela que, si bien el derecho a peticionar ante el gobierno existe, en la práctica está condicionado por la capacidad de financiar esa petición. En consecuencia, el sistema democrático se distorsiona: los intereses de los sectores con mayores recursos son escuchados con mayor fuerza, mientras que las demandas de los más vulnerables quedan relegadas o silenciadas.